Por Eduardo Casanova
El 18 de octubre de 1945 una “Junta Revolucionaria de Gobierno”, presidida por Rómulo Betancourt y formada por los civiles Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Edmundo Fernández, y por los militares Carlos Delgado Chalbaud y Mario Ricardo Vargas, se hizo cargo del gobierno.
Hubo saqueos y disturbios en Caracas y en otras ciudades del país. En el Cuartel San Carlos, armas de guerra fueron distribuidas y vendidas entre la población civil. Personeros del gobierno depuesto tuvieron que esconderse, o fueron arrestados por las nuevas autoridades.
Inicialmente, el ex-Ministro de Educación, desconcertado ante los hechos, se asiló en una embajada latinoamericana, pero la presión pública no permitió que se le persiguiera, y pronto volvió a la calle. Su casa, por lo demás muy modesta, no fue saqueada, como lo fueron las de casi todos los Ministros y los personeros de tiempos de Gómez, López Contreras y Medina. No porque no hubiese la intención de hacerlo, sino porque los integrantes del piquete de cabilleros destinado al asalto, al ver su casa, no creyeron que esa vivienda tan sencilla y en cuyo garaje en vez de un automóvil había una bicicleta, pudiera ser la de un Ministro.
Sin embargo, el joven exministro se sintió muy mal y muy deprimido con todo lo que había ocurrido. Era demasiado salvajismo, demasiada falta de civilidad, y había llegado a creer que el país iba por buen camino.
Para Vegas, aunque en realidad estuvo entre los menos perjudicados en forma directa por la nueva situación, fue un golpe muy duro. Sobre todo porque se dio cuenta de que su obra, lo que había hecho como Ministro de Educación, sería desguazada en poco tiempo, como en efecto lo fue.
Alejado de toda actividad política, decidió dedicarse a revalidar su título de Doctor en Medicina ante la Universidad Central de Venezuela, lo que se cumplió en 1946. Logrado ese primer paso, abrió un consultorio en pleno centro de la ciudad, de Peligro a Miguelacho, pero su timidez para cobrar y su honradez, a veces hasta exagerada, le impidieron enriquecerse con su esfuerzo profesional.
Paralelamente se dedicó a la educación, al organizar, en 1947, el Gabinete Psico-Pedagógico del Colegio Santa María, que dirigía Lola Fuenmayor (María de los Dolores Rodríguez de Fuenmayor Rivera, sevillana, nacida en 1889, que llegó a Venezuela a los nueve años y a partir de los veintiuno se dedicó a la enseñanza; en 1938 reabrió el famoso Colegio Santa María, fundado en 1859 por Agustín Aveledo y murió en 1969).
Desde su retiro forzado, el exministro Vegas fue testigo de uno de los peores errores cometidos por las nuevas autoridades en materia de educación, auspiciado y ejecutado por dos de los que él había buscado como colaboradores: Luis Beltrán Prieto Figueroa y Humberto García Arocha. Se trata del famoso Decreto-Ley 321, del 30 de mayo de 1946, que de inmediato encendió un mundo de protestas innecesarias, no como se dijo por iniciativa de los jesuitas, sino de un buen porcentaje de la población que desconfiaba de las intenciones de los adecos, sobre todo de los adecos que creyeron sinceramente que AD impulsaba el comunismo en Venezuela.
El Decreto establecía que la calificación de los alumnos de institutos privados se compondría en un 40% de los exámenes trimestrales y en un 60% del examen final, en tanto que en los institutos oficiales sería distinto: un 20% de los exámenes trimestrales y un 80% del examen final. Eso, a juicio de muchos, implicaba que los estudiantes de planteles públicos podían “vagar” todo el año y salvarse en una hora, en el examen final.
En la práctica eso significaba que habría una mayor supervigilancia permanente en los privados que en los públicos, y que los alumnos de institutos oficiales tendrían mayores oportunidades de enderezar en el examen final lo que había fallado durante todo el año. Era muy posiblemente un intento de hacer desaparecer en Venezuela la educación privada para imponer, como en la Unión Soviética, el monopolio del estado.
Pero los particulares, en general, no lo entendieron del todo así. Solo se fijaron en que era una discriminación para favorecer a los colegios oficiales y perjudicar a los particulares. El doctor Vegas no opinaba así. Pensaba que aun cuando esa podría haber sido la intención, casi nadie se dio cuenta de que en el fondo los perjudicados eran los estudiantes de los colegios públicos, que llegarían mucho menos preparados a la universidad que los de los privados.
Así como a él lo acusaron muchos extremistas de derecha de querer quitar a Cristo de las aulas, esa resistencia contra el 321 no tenía base alguna, salvo en que toda discriminación era odiosa y no favorecía a nadie. Esas defensas a ultranza de la educación privada, en especial de la confesional, no era sana y terminaba perjudicando lo que tanto defendían.
A la larga o a la corta fue una tormenta en un vaso de agua, y finalmente la Junta cedió, y con ello perdió muchísimo, pues los contrarios al Decreto no agradecieron el recule, y los partidarios del Decreto rechazaron la debilidad de la Junta. En realidad el Presidente de la Junta, Rómulo Betancourt, estaba de gira administrativa y fue sorprendido en su buena fe cuando se promulgó el Decreto, y si siquiera estaba bien informado de lo que estipulaba el 321, que ciertamente discriminaba de manera innecesaria a los institutos privados, pero, en todo caso, fue algo que le hizo mucho daño.
Betancourt destituyó a García Arocha (aunque le permitió renunciar al cargo y salvar las apariencias), pero no tomó acción alguna contra Prieto Figueroa, lo que a la larga tendría consecuencias serias para Acción Democrática.
Es obvio que el gradualismo, tan parecido al de los “fabianos” ingleses, planteado por Uslar y Vegas era más prudente que la precipitación que demostró el proceso del 321. Objetivamente, fue un caso en el que las buenas intenciones perjudicaron lo que los bienintencionados querían. Hay que decir que el doctor Vegas vio la situación pero no la disfrutó. Al fin y al cabo la idea de venganza no estaba entre sus costumbres, y no celebró la caída en desgracia de uno de los que habían colaborado con él en sus tiempos de Ministro.
Estaba plenamente convencido de que la educación era algo demasiado importante para que la decidieran los seguidores de una sola corriente. Por eso, durante su gestión como Ministro había buscado la colaboración de gentes muy diversas y con distintas maneras de pensar, entre ellos los que impulsaron el controvertido Decreto.
También le oí decir, además, que el 321 fue un error, pero no un crimen, y que la reacción de los conservadores en su contra fue exagerada y no demasiado lógica, puesto que el Decreto, objetivamente, no perjudicaba en absoluto a los alumnos de la educación privada, y más bien los favorecía al obligarlos a esforzarse más, en cambio a los de la pública los perjudicaba al favorecer entre ellos la golilla y el facilismo.
Y para colmo, no fue nada feliz la solución que ideó la Junta de Gobierno, que fue anular el 321 mediante el 344, que ese año eliminó los exámenes finales, con lo que se dio lo que fue llamado por la gente la “promoción golilla”, que dio un pésimo ejemplo a los jóvenes de todo el país. Por otra parte, nunca le oí manifestar una opinión negativa acerca de Humberto García Arocha, cuya sobrina, Cecilia, estudió en el Colegio Santiago de León de Caracas y se convirtió en la primera mujer